El pasado jueves 03 de febrero de 2011 los diputados mexicanos José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), y Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT), entre otros, desplegaron en el Pleno de la Cámara de Diputados una fotografía del presidente Felipe Calderón en donde se leía: “¿Tu dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y porqué (sic) lo dejas conducir el país?“. Esa acción provocó que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Ramírez Marín, declarará suspendida la sesión por falta de condiciones.

Al día siguiente, los medios de difusión mexicanos dedicaron parte de sus espacios a reportar y opinar el incidente. Mientras comentaba la nota al aire, Carmen Aristegui, afamada conductora de un noticiero radiofónico en México, preguntó“¿Tiene, o no, problemas de alcoholismo el presidente de la República?“.

El domingo 6 de febrero de 2011 MVS Radio, compañía con quien Carmen Aristegui estaba contratada para transmitir su programa de radio anunció que, debido a que la conductora había transgredido el código ético de la compañía ésta última habían decidido: “dar por terminada nuestra relación contractual”.

Dada la identificación política de la Sra. Aristegui, su despido provocó una andanada de comentarios por parte de quienes veían en ese acto una orden de la Presidencia de la República y consideraban que ello calificaba como un acto de censura a la libertad de expresión en México directamente imputable al presidente Felipe Calderón. Así, esa supuesta participación de la Presidencia de la República en el despido de la Sra. Aristegui se unía a otros hechos que los simpatizantes de la conductora de radio consideran como agravios, particularmente, a la creencia que la elección presidencial de 2006 había sido una elección fraudulenta aún y cuando tal creencia -sostenida y repetida por determinadas elites políticas- no estuviese sustentada en hechos ni fuese en realidad compartida por la mayoría de la población.

Durante varios días no se supo, oficialmente, nada más. Hasta que el martes 8 de febrero de 2011 la Presidencia de la República emitió un comunicado donde negaba haber tenido cualquier participación en el despido de la Sra. Aristegui.

Dos de los tres involucrados en el asunto habían hecho públicas sus posturas acerca del hecho. Adicionalmente, el miércoles 9 de febrero de 2011, el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth respondió  a lo que llamó “rumores”, “dudas” e “infundios”: el presidente no tiene problemas de alcoholismo. Al responder la pregunta el secretario particular acaso legitimó el cuestionamiento y lo convirtió, como en el teatro griego, en un espectáculo edificante para la discusión general.

Por la tarde de ese lindo día 9 de febrero, la Sra. Aristegui leyó en público un escrito en donde señaló que su despido era una respuesta de la empresa MVS Radio a las presiones ejercidas por la Presidencia de la República: “mi cese de MVS se debió a un berrinche presidencial, sólo imaginable en las dictaduras que nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes”, solicitó a MVS Radio que se reconsiderara su despido, y deslizó la especie en el sentido que la “discrecionalidad política en la toma de decisiones y en la entrega de concesiones radiofónicas” estaba inserto en la decisión de despedirla según se había rumorado.

El supuesto parecía grave: una comunicadora crítica habría sido presuntamente censurada por mencionar la mentira del alcoholismo del presidente de la República.

Considero que el tema tiene relevancia en tanto que se correlaciona con otros asuntos significativos para México. Estos son algunos de esos temas de relevancia que se entrelazan con el despido de la Sra. Aristegui según los entiendo:

  1. Privacidad
  2. Salud del Presidente.
  3. Sucesión Presidencial
  4. Privacidad y Periodismo
  5. Intereses Comerciales
  6. Periodismo Profesional y Comprobación.
  7. Censura.
  8. Conclusión

Privacidad. Una de las necesidades humanas más básicas que los individuos buscan satisfacer es la necesidad de ser libres. Esta necesidad de libertad -o autonomía- se refiere al deseo natural de los individuos para auto-organizar sus experiencias y comportamientos en lugar de tener una fuerza externa que les dicte tales experiencias y comportamientos (Charms, 1968; Deci, 1980; Sheldon y Elliot, 1999). Sin embargo, en este mundo post-11 de septiembre de 2001, los políticos han promulgado -o propuesto- políticas destinadas a mantener la seguridad social que, al mismo tiempo, tienen el potencial para restringir las libertades de los ciudadanos comunes (por ejemplo, la vigilancia por CCTV, tarjetas de identificación nacional, detenciones extendidas conocidas en México como “arraigo”, escuchas telefónicas, intromisión y vigilancia electrónicas, recolección de datos biométricos, códigos RFID -por sus siglas en inglés-, espionaje en línea, cifrado e interceptación de correo electrónico, etc.). En consecuencia, algunos políticos y líderes policiacos han advertido a los ciudadanos sobre las amenazas a la libertad personal; en particular, líder del Partido Liberal del Reino Unido, Nick Clegg, ha advertido que el Reino Unido se ha convertido en una “sociedad de vigilancia, gobernada por la tecnología y la política del miedo”; por su parte el sub-Jefe de la policía de Hampshire, Ian Redhead, se refirió a la situación actual como “orwelliana” (BBC, 2007a, 2007b).

Tanto individual como colectivamente, el concepto de intimidad se estructura a partir de los significados de privacidad que las personas desarrollan en sus interacciones cotidianas. Es decir, psicológicamente, la privacidad es una experiencia subjetiva de auto-relación que puede incluir a una o varias personas y que, como tantas otras convenciones, se reconoce, define y desarrolla, formal e informalmente, con base en la cultura en la cual se desarrolla. Tal es así que en algunos idiomas (e. g. indonesio, ruso) el término “privacidad” es difícil de traducir o simplemente no está considerado dentro del lenguaje. Así, y aún cuando el concepto de intimidad tiene amplias raíces históricas, -por ejemplo en la distinción que Aristóteles hace entre la esfera pública de la actividad política y la esfera privada asociada con la familia y la vida doméstica-, el término “privacidad” que tan frecuentemente se utiliza en el lenguaje ordinario así como en las discusiones filosóficas, políticas y jurídicas, no cuenta con una definición única ni un análisis o significado absolutos.

Hegel
Kant y Honneth han descrito la forma en que el individuo forma su propia imagen y libertad como el resultado de una lucha entre el deseo de reconocimiento social y el respeto a su integridad humana. Un debate más sistemático del concepto de intimidad se desarrolló en el famoso ensayo de Samuel Warren y Louis Brandeis (1890), “El Derecho a la Privacidad” donde, citando “los cambios políticos, sociales y económicos” y haciendo un reconocimiento al “derecho a ser dejado en paz” Warren y Brandeis argumentaron que la ley norteamericana ofrece una manera para proteger la privacidad del individuo, e intentaron explicar la naturaleza y el alcance de esa protección al individuo.

Del mismo modo, las instituciones públicas deben participar en la vigilancia y control de actividades debidamente identificadas como anti-sociales, ilícitas y de violencia pero, al hacerlo, se debe respetar la privacidad de los ciudadanos. Esto es, las sociedades democráticas valoran e institucionalizan el respeto a la privacidad y, por tanto, deben proveer la información necesaria para una efectiva rendición de cuentas y con ello favorecer la conducción racional y responsable de los asuntos públicos.

Las recientes tendencias de los medios de difusión a transmitir programas intrusivos, confesionales y voyeuristas que exaltan los impulsos de curiosidad y chisme compiten con los reclamos de privacidad y pueden generar fuertes amenazas a la privacidad de los individuos además de promover la normalización de conductas y formas de interacción intrusiva. La adecuada gestión de esta tensión entre la revelación, privacidad y vigilancia de los individuos de una manera que preserve la civilidad y la democracia, al tiempo que hace frente con éxito a los cambios de los valores sociales, tecnologías y condiciones económicas, es la tarea fundamental de la definición contemporánea de privacidad y protección.

Es aquí en donde considero que la referencia aristotélica con respecto a la distinción entre la esfera pública de la actividad política, la polis, y la esfera privada o doméstica de la familia, el oikos, como dos esferas distintas de la vida, interactúa con el caso de la Sra. Aristegui en tanto que la pregunta que realizó al aire plantea cuestiones fundamentales acerca de la privacidad de las personas públicas y, más específicamente, acerca de la privacidad a la que los funcionarios gubernamentales tienen (o no) derecho. Es decir, ¿tienen derecho a la privacidad las personas quienes ejercen un cargo público? ¿Sí? Entonces ¿Qué detalles de su intimidad se pueden / deben conocer públicamente? ¿No? ¿Quién determina entonces los temas que califica como de “interés público” y qué otros entrarán en el ámbito de la “seguridad nacional“?
 
Salud del Presidente La respuesta a las preguntas anteriores interactúa con importantes adicionales: a) la capacidad física de los gobernantes, b) la influencia de la enfermedad en la toma de decisiones de políticas públicas y c) qué tan pública debe ser la (in)capacidad física del gobernante.

Todo el mundo se enferma. Y todo el mundo muere. Incluso los líderes poderosos y en secresía tienen limitaciones de orden físico y mental. Pero sus limitaciones físicas pueden comprometer la salud y el bienestar de todas las personas bajo su liderazgo, es decir, las consecuencias de las enfermedades de los líderes políticos tienen un impacto que va más allá de sí mismos. Sus cálculos, errores y aciertos pueden poner más que su propia vida en riesgo, es por ello que sus enfermedades son más importantes que las que afectan a los individuos menos influyentes. En Estados Unidos, donde los registros médicos de los presidentes y candidatos presidenciales están protegidos por la ley federal y ningún candidato está legalmente obligado a divulgar su condición médica, el tema de la salud del presidente ha sido largamente debatido (sobre ese tema recomiendo el significativo e innovador estudio de Rose McDemott que añade un análisis inteligente a la literatura de Psicología Política con respecto del liderazgo presidencial). Sin embargo, una serie de historiadores, estudiosos de bioética y médicos han afirmado que la privacidad médica no debe permitir que los candidatos presidenciales oculten graves problemas de salud a los votantes. En ese sentido, un estudio publicado en el Journal of Nervous and Mental Disease señala que en Estados Unidos por lo menos diez presidentes en funciones han sufrido algún trastorno mental durante su mandato (Davidson, Connor y Swartz, 2006).

Las enfermedades, los efectos secundarios de los medicamentos y los eventos de la vida misma pueden pueden afectar la resistencia psicológica de los líderes políticos tanto directa como indirectamente. Contrario a lo que normalmente se supone, esos efectos indirectos o secundarios de las enfermedades son igualmente importantes para el desempeño de los líderes políticos; y aunque son menos evidentes que los problemas físicos que pueden presentarse, los efectos psicológicos que a menudo manifiestan los líderes políticos para con otras personas quienes sufren de mala salud o de sus consecuencias económicas son igualmente relevantes.

En ese sentido, tanto Franklin Roosevelt como John Kennedy siguen siendo ejemplos notables. La aflicción de Franklin Roosevelt con la poliomielitis disminuyó su tendencia a la arrogancia y produjo una notable empatía para con quienes sufrían de una amplia variedad de riesgos económicos y físicos. Incluso su esposa comentó la importancia que la limitación física del presidente tuvo en la empatía que este desarrolló para con las personas más necesitadas así como para la puesta en marcha de programas de apoyo del “Nuevo Trato” para aquellos quienes cayeron en tiempos difíciles como resultado de la Gran Depresión: apoyo a programas locales para personas con poliomielitis, así como la creación de su propio spa en Warm Springs, Georgia. John Kennedy no creó tantos programas sociales como Roosevelt, pero su ejemplo sirvió para destacar la importancia de la aptitud física en las escuelas y la muerte de su hijo, Patrick, inspiró el posterior desarrollo de la disciplina médica de neonatología, una creación que ayudó a salvar las vidas de incontables niños prematuros.

Sin embargo, quizá ningún presidente de los Estados Unidos en la era de los medios de comunicación modernos se ha beneficiado más con el concepto de la intimidad personal que Franklin Delano Roosevelt. A lo largo de su carrera política, y en particular durante sus doce años como presidente, los miembros de la prensa ayudaron a Roosevelt a mantener en secreto dos aspectos importantes de su vida privada: su discapacidad física y una relación sentimental fuera de su matrimonio principal. El velo de la discapacidad de Roosevelt fue la más notable de las dos omisiones ya que requirió de la cooperación tácita de muchas personas, tanto en la prensa como en el gobierno, durante un período muy largo de tiempo. En 1921, mientras estaba de vacaciones en la casa de verano de su familia en la Isla Campobello, en Nueva Brunswick, Roosevelt contrajo una grave y debilitante infección. Aunque existe cierto debate entre la comunidad médica acerca de si Roosevelt contrajo la parálisis infantil (más comúnmente conocida como “poliomielitis”) u otra enfermedad neurodegenerativa conocida como el síndrome de Guillain-Barré, el resultado final fue el mismo: el alto, atlético y competitivo nadador y jugador de tenis se vió permanentemente paralizado de la cintura para abajo y perdió la capacidad para caminar.

La enfermedad de Roosevelt llegó en medio de lo que era muy prometedora carrera política. A pesar de la gravedad del ataque viral que sufrió, ni él ni su esposa Eleanor, se inclinaron por dejar que la enfermedad interfiriera con sus ambiciones políticas. En la prensa del momento, había sólo un puñado de breves menciones acerca de la discapacidad de Roosevelt, y tales menciones restaban importancia a su lucha diaria y al uso regular de una silla de ruedas. En julio de 1932, en medio de su primera campaña a la Presidencia, el New York Times alegremente informó que: “hoy en día, Roosevelt se encuentra en buen estado de salud. Ha descartado las muletas y es capaz de caminar con el uso de bastones y tirantes de acero que se le han instalado en los miembros inferiores”. En el perfil del presidente publicado por el Washington Post se señaló: “Ni Roosevelt ni ningún miembro de su familia han reconoció públicamente el que su condición sea una aflicción”. Durante el campaña, su hijo James señaló que la Presidencia era, “[…] después de todo, un trabajo de mesa”. A lo largo de la época de Roosevelt en la Casa Blanca, de acuerdo con Doris Kearns Goodwin, el público estadounidense no tenía absolutamente ninguna idea de que su presidente estaba inmóvil. La prensa no hizo mención del hecho que agentes del Servicio Secreto rutinariamente lo levantaban dentro y fuera de los automóviles, empujaban su silla de ruedas, y le daban el apoyo e impulso necesarios para “caminar” hacia un atril o podio. “Había un tácito código de honor por parte de la Casa Blanca Casa y los fotógrafos de la prensa: el presidente no sería fotografiado paralizado. En doce años, ni una sola imagen se imprimió del presidente en su silla de ruedas. Ningún noticiero lo mostró siendo levantado dentro y fuera de su coche y si, como de vez en cuando ocurrió, uno de los miembros de la prensa trataba de violar el código tomando una imagen furtiva del presidente mirando impotente, alguno de los otros fotógrafos ‘accidentalmente’ bloqueban el tiro de la imagen, o tiraban la cámara al suelo” (Goodwin, 1995).

Este “velo de silencio” de la prensa, como Goodwin lo describe, no se limitó a la condición física de Roosevelt. Se extendió también a una serie de reuniones secretas entre Roosevelt y su viejo amor, Lucy Mercer ocurridas hacia el final de su vida.
 
Proceso de Sucesión Presidencial. La salud del presidente de la República se vuelve relevante en tanto que el reconocimiento de la discapacidad de los líderes puede permitir que individuos e instituciones, aliados y enemigos, realicen ajustes estructurales para la detección, tratamiento e instauración de procesos de sucesión que tendrán lugar si y cuando se presente una falta o deterioro de aquel quien detenta el liderazgo político.

Como se explicó anteriormente, el carácter necesariamente particular de las enfermedades limita nuestra capacidad para generalizar acerca del impacto que un padecimiento tendría en un liderazgo específico. Adicionalmente, la manera en que una enfermedad afectaría las decisiones de políticas públicas depende de la enfermedad específica, de los contextos políticos e históricos de la época, así como de las instituciones previamente dispuestas para manejar tales eventualidades. Dados los procesos históricos, traiciones y componendas que han habido en México las fases de ese proceso de sucesión no han sido explicitadas, reglamentadas, ni son claras.

Considero que, si lo hemos hecho en tantas otras ocasiones anteriores y en temas de menor relevancia para el país, sería necesario volver a imitar a los Estados Unidos e integrar una comisión o comité que determine y legisle las cuestiones concernientes a la sucesión presidencial, la forma para fortalecer la posición del médico del presidente y establecer la manera más adecuada para identificar los criterios médicos que determinarán lo que se entiende por deterioro físico del presidente, al tiempo que establezca los lineamientos para balancear el derecho del público a la información frente a la confidencialidad médico-paciente, y que integre un criterio para manejar el papel del cónyuge y la familia en la evaluación de la discapacidad presidencial; asímismo, este comité debería plantear si los planes oficiales de contingencia para la discapacidad del presidente son ventajosos o no.

Privacidad y Periodismo. Como se mencionó anteriormente la privacidad es un concepto social sin el cual no hay una concepción de la persona. Las condiciones de esclavitud y servidumbre, por ejemplo, se definen en gran medida por la ausencia de cualquier derecho a la privacidad para aquellos quienes sufren tal humillación. Por otra parte, las sociedades que han padecido regímenes totalitarios conciben los conceptos de privacidad, publicidad, así como los derechos de acceso a la información, de manera muy diferente a aquellas sociedades sin experiencias similares de persecución y sometimiento; de ahí la diferente percepción que sobre este tema existe entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

Los periodistas, por su parte, tienden a considerar las cuestiones de privacidad en términos de su propio oficio, lo cual es a la vez comprensible y lamentable dado que carecen (o se niegan a tener) de parámetros históricos, culturales y políticos que los eleven por encima de la inmediatez de la publicación diaria y los lleven a reflexionar acerca de cuando es que deben apoyar y cuando deben resistir las prácticas sociales dominantes que constituyen sus juicios acerca del mundo.

El periodismo tiene un valor único en tanto crisol de indagación ya que los periodistas son, después de todo, practicantes sociales en una tenue línea entre la protección de la privacidad y la divulgación de aquello que es socialmente valorado como noticia. A diario, la reproducción de las noticias se inserta en dilemas éticos que la mayoría de las personas no encuentran en sus prácticas cotidianas; los periodistas deben tener en cuenta tanto la ética como la ley acerca de la cual publican y estos aspectos se traslapan, muchas veces, de maneras confusas.

Por otra parte, una prensa privada, capitalista, es una prensa comprometida con la ideología del capitalismo e, irónicamente, con la importancia de distinguir entre lo público y lo privado. Estas son, por supuesto, convicciones políticas a las que la empresa se adhiere para la conservación misma de su capacidad de publicar y que, por lo tanto, animan las decisiones editoriales que la empresa realiza en uno u otro sentidos. Es decir, el capitalismo es el producto de la ley y de las opciones políticas de la mayoría de los electores. Así, una visión acerca de la libertad de la prensa capitalista es que su misma libertad y existencia son el resultado de un gobierno el cual, a través de leyes y reglas, crea privilegios e incentivos con los que la propia prensa capitalista opera. ¿Puede entonces un derecho creado por el gobierno ser público y privado al mismo tiempo?

En los Estados Unidos académicos dedicados al estudio del periodismo (e. g. O’Brien, 1979; Lewis, 2003; Smolla, 2003) han advertido que el libre flujo de información e ideas es un valor fundamental de la Primera Enmienda constitucional, así como fundamental para la democracia y el mercado capitalista; pero también han señalado que el establecimiento de la privacidad como un derecho fundamental podría socavar la rendición de cuentas en el gobierno.
La respuesta a este dilema de la libertad de prensa y el respeto a la privacidad, al menos en teoría, la tendría la audiencia. Es decir, la prensa capitalista tal vez sea el resultado de las leyes, pero la inclinación editorial de la empresa a actuar de una manera que preserve su identidad política y económica está dictada por las fuerzas de un mercado de consumidores de noticias ideológicamente diverso y en constante búsqueda de informaciones que ratifiquen sus juicios, valores y visiones acerca del mundo al tiempo que reafirmen sus actitudes políticas previamente establecidas para así adherir su lealtad.

En este sentido el gobierno mexicano y los medios de telecomunicación se encuentran en un serio dilema derivado de las concesiones de uso de radio-frecuencias que otorga el gobierno y con las que operan los medios privados de telecomunicación: discernir qué es y proteger el interés público, o responder únicamente a los intereses comerciales. Esto es, que tanto el gobierno como los medios de difusión se encuentran en la difícil posición de medir y mediar entre eso que Julio Hernández (2011) -con su usual dramatismo- describe como “el dictado de lo mercantil o lo oficialista”.

Desde luego este no es un debate menor, ya que el poder de los intereses monetarios y corporativos insertos en la telecomunicación comercial es enorme y ello debería llevar al gobierno a regular adecuadamente el interjuego de esos intereses como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Intereses ComercialesEste juego/choque de intereses empresariales de los medios de telecomunicación está representado en México por los grupos “CARSO” y “Televisa” quizá mejor que por ningún otro grupo empresarial. Dado su poderío económico, experiencia y alcance de sus capacidades tecnológicas, ambos grupos empresariales han buscado (y logrado) obtener una presencia mayoritaria en los medios de difusión nacionales y en el espectro televisivo; de la misma manera el Grupo CARSO ha buscado establecer una tercera cadena de televisión con penetración nacional. De ahí que ambos grupos opten por competir y atacarse en y con los medios a su disposición.

El único competidor significativo de los intereses comerciales de “Televisa” es el grupo “CARSO”; es por ello que el Ing. Carlos Slim no podía permitirse perder el sitio desde el cual, de manera sistemática, se ataca a su principial adversario, Televisa (De Mola, 2011). Así, el de la Sra. Aristegui no es, en realidad, un problema de censura a la libertad de expresión, ni a sus editorializaciones militantes, sino que es una batalla más en la “guerra de posiciones entre Televisa y Carlos Slim por parte del espectro televisivo y la lucha de Slim para conseguir la tercera cadena de televisión. Slim está asociado a MVS en la televisión satelital Dish y Televisa y Slim han entrado ya en una beligerancia de desplegados periodísticos” (Ramírez, 2011).
 
Periodismo Profesional y Comprobación. Es difícil para un sujeto ser objetivo. La carrera de la Sra. Aristegui no se ha caracterizado por ser un periodismo objetivo, profundo, ni de investigación. Esto es, por realizar arduos trabajos de investigación periodística y seriedad analítica como los encabezados por FRONTLINEFinancial Times60 minutosBBC, o ProPublica por mencionar sólo algunos -informes profundos que, por lo general, se centran en exponer las injusticias y los abusos de poder-, prácticas periodísticas con la voluntad de tomarse el tiempo para investigar las historias en toda su profundidad pero, sobretodo, para mostrar la complejidad inherente a la realidad. La Sra. Aristegui ha optado más bien por un periodismo militante y de causa, ejercicios de la libertad y el oficio que indudablemente tienen validez, simpatizantes y altos niveles de audiencia, pero que no puede ser citados como ejemplos de precisión, objetividad ni imparcialidad.

Los prejuicios, simpatías y adherencias político-partidarias de los periodistas y productores de noticias en los medios de difusión se muestra en la selección de las historias que presentan, en la forma en como son descritos los hechos, en el orden y contexto de su presentación y la profundidad (o no) con que se investigan tales hechos. A través de la selección de palabras, omisiones, limitación del debate, elaboración de la historia, y sesgo en la selección y uso de las fuentes de referencia se muestran las identificaciones políticas de los periodistas y sus empresas. Ello implica que los prejuicios de los periodistas contravienen lo que cabría esperar del periodismo ético. La dirección, grado y efecto del sesgo informativo de los medios de comunicación ha sido ampliamente analizado; ni México, ni Carmen Aristegui son los únicos casos en donde las posiciones políticas y partidarias (de izquierda tanto como de derecha) anteceden a la objetividad del reportaje.

Sin embargo, la libertad de expresión debe garantizar que todas las voces sean escuchadas, incluidas las de los lectores, televidentes y/o radioescuchas. De ahí que sea importante contar con un ombudsman en los medios de difusión.

El “rumor” -término que se utiliza a menudo de manera intercambiable con “chisme” y “leyenda urbana”- juega una función psicológica en contextos ambiguos, amenazantes o potencialmente amenazantes.

Sin embargo, en el caso de la Sra. Aristegui, su editorialización de la nota se basó no en un rumor, sino en una mentira, con lo cual faltó a la responsabilidad de realizar una debida investigación para comparar y contrastar los hechos.
 
Censura. ¿Cómo actuar entonces? Si el presidente Calderón hubiese decidido censurar a una persona crítica a su presidencia habría sido un acto inaceptable, escandaloso, vergonzoso y, este sí, digno de toda clase de censuras. Sin embargo, en el caso del despido de la Sra. Aristegui no tenemos más prueba que los dichos de los unos y los dichos de la otra, es decir, una situación ideal para la creencia y la especulación. Algunas personas creerán que la empresa MVS procedió por sí misma. Muchas otras personas creerán que lo hizo por instrucción presidencial, pero nadie sabe de cierto qué sucedió ni puede aportar pruebas distintas de las que ha dado la empresa.

Es decir, en todo este caso no hay inocentes y sí una serie de equívocos. La Sra. Aristegui no cumplió con los mínimos indispensables en el oficio periodístico al editorializar una mentira. La empresa MVS operó de manera inapropiada y se excedió al despedir a la Sra. Aristegui. La Presidencia de la República dio muestras de un manejo por lo menos inadecuado de su comunicación política. Y los adeptos de la Sra. Aristegui perdieron al no poder seguir oyendo a su guía. Todo ello son las derivaciones de un conflicto laboral, más no de un acto de censura a la libertad de expresión. Cabría preguntarse ¿Por qué sería la Sra. Aristegui la única periodista “censurada” por sus críticas al presidente de la República y no así de otros tantos medios y periodistas que representan la voz de una parte de la sociedad?
 
Conclusión. La mentalidad empresarial de las mega-corporaciones de noticias a nivel mundial está interesada en defender sus intereses comerciales, si al hacerlo se defiende la libertad de la prensa está bien, sino, también. Cuando The Washington Post se enfrentó a Nixon por el caso Watergate y los asuntos de los Papeles del Pentágono el interés superior parecía ser la prevalencia del interés público. Cuando Lou Dobbs emprendió su campaña en contra del presidente Obama el interés era más bien partidista. La mayoría de las mejores y más grandes organizaciones noticiosas son controladas por estas grandes corporaciones que parecen poner por delante la rentabilidad antes que el servicio público. Además, con algunas excepciones, las empresas periodismo, parecen menos capaces o menos dispuestas a dar cuenta o cuestionar la abrumadora influencia de las grandes corporaciones en el diseño de políticas públicas, tanto en México como en el extranjero.

La mayoría de los críticos de los medios piensan que un desafío inmediato para el periodismo es restaurar la antigua separación entre noticias, entretenimiento y el sensacionalismo optando entonces por un periodismo responsable. Los editores de noticias, productores y reporteros de los medios de difusión tienen que tomar decisiones acerca de las noticias que presentan pero al hacerlo deben dar entrada a todas las voces y renunciar a correr tras un escándalo o historias excitantes que son en realidad banalidades, nimiedades, cuando que no simples mentiras.

El negocio de las noticias debe encontrar maneras de mejorar la talla de sus periodistas cuya imagen pública se ha empañado debido a la baja calidad de sus investigaciones. Para ello, los medios de difusión deben mejorar su rendimiento, sus propios informes pero también sus propios estándares; no es suficiente con argumentar los rangos de audiencia para sacrificar la calidad de sus reportes. Asimismo, los periodistas políticos deben trabajar para ser de nuevo considerados como recolectores de noticias fiables, objetivas y desapasionadas, y no como artistas intérpretes o ejecutantes de opiniones y agendas partidistas. La tarea de recuperar el respeto del público será difícil, porque por desgracia, la mayoría de nosotros queremos ser entretenidos por los medios de difusión, y al hacerlo, no enfrentamos el reto de pensar seriamente acerca de las cuestiones públicas de verdadera trascendencia. Así, al optar por el entretenimiento en lugar de la recreación abandonamos nuestra condición ciudadana y nos volvemos, de manera voluntaria, peones inermes de los intereses comerciales.

A su vez, el público debe entender que hay una diferencia real entre un periodista cuidadoso de la presentación de sus informes y explicaciones, donde las historias se narran en toda su importancia y complejidad, y una celebridad noticiosa bien remunerada que entrevistar a una estrella de rock o a una “personalidad” en un programa de televisión, revista o la prensa.
En una sociedad abierta, democrática, los miembros del público tienen la obligación de mantenerse informados, ser usuarios exigentes y escépticos de los medios de comunicación, y demandar sustancias y pertinencia de los medios que, al responder pasan de ser medios de difusión a ser verdaderos medios de comunicación. El crecimiento de los diarios interactivos en Internet frece la posibilidad de crear consumidores de noticias entre los usuarios de computadoras que son personas fundamentalmente jóvenes.

Todos somos dependientes de la prensa para una comprensión completa de la intrincada historia que se desarrolla ante nuestros ojos. La importancia y necesidad del buen periodismo no ha disminuido en nuestra sociedad; pero nuestra sociedad necesita más programas serios y cuidadosamente integrados en donde se incluyan todas las voces con honestidad y rigor. Un periodismo responsable y serio redundará en nuestro bienestar personal pero también para el bienestar de la República.

El buen periodismo sí importa.

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